LEX-FAOC130747

La presente Ley de Aguas y Costas, que consta de 217 artículos divididos en XVII Títulos, regula los siguientes aspectos del dominio público hidrológico: 1. El uso del agua y la determinación, protección, explotación, utilización y policía del dominio publico marítimo-terrestre, así como del ejercicio de las competencias atribuídas al Estado en las materias relacionadas con dichos dominios. 2. El uso y manejo de las aguas continentales superficiales, asi como las subterráneas renovables, integradas en el ciclo hidrológico que, a efectos de esta Ley constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio publico hidrológico. 3. La planificación hidrológica a la que deberá someterse toda actuación sobre el dominio publico hidrológico. 4. El dominio publico marítimo-terrestre y asegurar su integridad y adecuada conservación, adoptando, en su caso, las medidas de protección y restauración necesarias. 5. El uso público del mar, de su rivera y del resto del dominio publico maritimo-terrestre, 6. La utilización racional de estos bienes de conformidad con su naturaleza, sus fines respetando el paisaje, el medioambiente y al patrimonio histórico. 7. El adecuado nivel de calidad de las aguas y de las riveras.; Constituye el dominio publico hidrológico, con los salvedades expresamente establecidas en esta Ley, l. Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables con independencia del tiempo de renovación. 2. Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas. 3. Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos. 4. Los acuíferos subterráneos a los efectos de los actos de disposición o afección de los recursos hidrológicos. 5. Las aguas termales, minerales y minero-medicinales sea cual fuera el lugar donde broten. 6. Las aguas procedentes de la desalación del agua de mar una vez que, fuera de la planta de producción, se incorporen a cualquiera de los elementos. Además, el Título XV de esta Ley establece las infracciones al dominio publico marítimo-terrestre.